¿Quiénes somos?

La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) es una institución de desconcentración máxima adscrita al Ministerio de Justicia y Paz, con independencia de criterio y personalidad jurídica instrumental propia en el desempeño de las funciones y en la administración de sus recursos y presupuesto, así como para suscribir los contratos y convenios que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

Su principal objetivo es garantizar a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a su derecho a la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a su persona o bienes.

Asimismo, orienta al ciudadano a ejercitar sus derechos y a las entidades públicas y privadas que manejan bases de datos, a cumplir con las obligaciones que establece la Ley N.°8968, de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales.

La Prodhab fue creada mediante la Ley N.°8968 del 7 de julio del 2011, publicada en el diario oficial La Gaceta N.°170 del 5 de setiembre del 2011.

Sus funciones y procedimientos son desarrollados mediante el Reglamento a dicha Ley (en adelante RPDP), publicado bajo el Decreto Ejecutivo N.° 37554-JP del 30 de octubre del 2012, y según la publicación N.° 45 del diario oficial La Gaceta, en su alcance N.° 42 del 05 de marzo del 2013. De acuerdo a los Decretos Ejecutivos N.° 40008-JP en 2016, y N.° 41582 en 2019, este Reglamento sufrió modificaciones en algunos de sus artículos.

Con lo anterior, se pretende actualizar la normativa costarricense sobre protección de datos personales a la corriente de tendencias internacionales en la materia, a través de la aclaración de aspectos que en su momento suscitaron inquietudes respecto a la Ley N.°8968 y su aplicación, así como coadyuvar a las instituciones públicas y privadas a cumplir con las garantías, derechos otorgados y la simplificación de los trámites que corresponden, garantizando mayor fluidez en la transferencia y comercialización de datos, mejor control y competencia en la protección de datos personales.